El coctel era explosivo: bloqueo de las apps, multas de más de $10 millones de pesos e inmovilizaciones de hasta 3 meses a los carros de los conductores.
Esta semana, la opinión pública debatió acaloradamente el borrador de proyecto de ley de régimen sancionatorio de la Superintendencia de Transporte. La razón: un conjunto de medidas que prohibían de facto el funcionamiento de las apps de movilidad, que tienen más de 8 millones de usuarios y son la fuente de generación de ingresos de, al menos, 100.000 familias.
El coctel era explosivo: bloqueo de las apps en nuestros celulares, multas de más de $10 millones de pesos e inmovilizaciones de hasta 3 meses a los carros de los conductores. Así lo advertimos con asombro, primero en privado y desde el lunes públicamente.
Casi nos da un infarto a los colombianos que defendemos la libertad de elegir y el derecho al trabajo. Por fortuna, el gobierno anunció la suspensión del proyecto de ley mientras no se logren consensos. Rectificar también es acertar.
Debo decir que luego de remar muy duro, volvimos al mismo punto en el que llevamos 9 años. Desaparece el fantasma de la eliminación de las apps de movilidad, pero seguimos sin regulación.
En medio de la controversia, el Ministerio de Transporte anunció la creación de una mesa para diseñar la política pública de plataformas de movilidad. De ahí debieran salir las reformas legales y reglamentarias que se requieran. Participaremos activamente y esperamos que termine en resultados concretos.
La regulación de las apps de movilidad no es una utopía. La mayoría de los países latinoamericanos ya lo lograron. Es fundamental para que cese la persecución de las autoridades de tránsito contra los más de 100.000 conductores que usan plataformas; para resolver asimetrías que hay (de lado y lado) entre taxis y vehículos particulares; para acelerar el paso a energías limpias en movilidad.
Hay razones para tener optimismo moderado. Ver a taxistas en tv apoyando las apps, de las que muchos de ellos son usuarios, revela que las cosas están cambiando. La opinión pública y los congresistas rechazaron casi que al unísono el intento de prohibición. Y el gobierno tiene una oportunidad de oro para resolver un tema icónico y que tiene profundas raíces en una de sus banderas, como es la economía popular. Ojalá, eso sí, que en esta discusión los argumentos pesen más que los chantajes.
Amanecerá y veremos.
*El autor es el Director Ejecutivo de Alianza In.