Sorprende que el gobierno del cambio esté haciendo cortocircuito con la tecnología en sus primeros días.
En solo una semana, se insinuó el bloqueo de las plataformas digitales de movilidad, rechazadas por unas minorías pro-monopolio bajo amenazas de paro, pero respaldadas por las grandes mayorías urbanas. Y se aprobó en primer debate, en el marco de la Reforma Tributaria, un paquete de impuestos digitales que encarecerían el costo de vida de la gente común y corriente. Vamos por partes:
¿Qué pasa con las plataformas de movilidad?
Empiezo diciendo que son legales. Primero, porque las ampara el principio de neutralidad de red, que garantiza que ningún gobierno bloquee contenidos de Internet, como garantía de la democracia, la libertad económica y la libertad de expresión. Segundo, por el principio de legalidad. Y tercero, porque estas plataformas suelen prestar sus servicios de intermediación tecnológica a través de figuras previstas en el ordenamiento jurídico colombiano, como la de alquiler de vehículo con conductor.
Más importante aún: estas plataformas son la fuente de ingresos de 100.000 personas, aproximadamente. ¿Cuál será la suerte de estas familias si se bloquea o restringe la operación de Uber, Beat, Cabify, Didi, InDriver, etc.? Además, debe recordarse que la mayor parte del costo de cada viaje se queda en el conductor y que estos servicios pagan IVA desde 2017, entre otros impuestos.
Por otro lado, las plataformas y la mayoría de los taxistas son aliados, no adversarios. Cerca del 80% de los taxistas bogotanos, por ejemplo, son usuarios de plataformas digitales, que les ofrecen mayores ingresos y seguridad en su servicio. Distinto es que unos sectores específicos del taxismo, con capacidad política y vociferando amenazas de paro, pretendan restablecer un monopolio, en desmedro de la libertad de elegir de millones de ciudadanos del siglo XXI.
¿Cuál es el camino? Dialogar y reglamentar. Reglas de juego claras, equilibradas y específicas pueden ser un gana gana para todos.
¿Y la Reforma Tributaria qué?
Abróchense el cinturón:
Si usted es emprendedor y pauta en redes sociales o buscadores de Internet para que conozcan su negocio, más impuestos.
Si usted es usuario o conductor en una plataforma de movilidad, más impuestos… Pero las autoridades de tránsito seguirán poniendo multas e inmovilizando carros. ¡El Estado bipolar!
Si es suscriptor de plataformas de streaming de video o música, ¡más impuestos!
Si le gusta leer libros, revistas o periódicos en línea, ¡también!
Este nuevo impuesto digital lleva el pomposo nombre de presencia económica significativa. No solo encarecerá servicios cotidianos que millones colombianos consumimos, sino que se va de frente contra las recomendaciones de la OCDE y el TLC con Estados Unidos. Pero lo más grave: deja a Colombia en una grave situación de desventaja competitiva con respecto a otros países de América Latina, que ven en la tecnología una fuente de riqueza en vez de una naranja para exprimir. Ninguno de ellos impone estas cargas tributarias. Esto es como un viaje en el tiempo, pero hacia la Edad de Piedra.
¿La solución? Acogernos al programa BEPS de la OCDE, que es un esfuerzo técnico y diplomático monumental que viene adelantando esta organización desde hace varios años, que estará listo a finales del año entrante y que generará un mecanismo multilateral para el pago de impuestos por parte de plataformas digitales.
Todos estos hechos sorprenden, sobre todo viniendo de un gobierno elegido por jóvenes y que basó su fuerza política en gran medida en la tecnología. Es extraño elegirse con los códigos del siglo XXI y llegar a gobernar para el siglo XX. Pero por fortuna, hay tiempo para levantar este freno digital. Con diálogo, grandeza y humildad, entre todos podemos poner la tecnología en el corazón de este momento de cambio político.
*El autor es el Director Ejecutivo de Alianza In.