Bogotá D.C., 15 de julio de 2022
• “Lamentamos esta nueva decisión administrativa contra las soluciones digitales de movilidad. Insistir en los últimos días de este cuatrienio en la persecución de esta actividad económica manda un mal mensaje a miles de familias que generan
sus ingresos usando las aplicaciones, afecta el derecho a elegir de los usuarios y produce inseguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera.”
• “Hacemos un llamado respetuoso al nuevo gobierno nacional y al nuevo Congreso de la República, para que avance cuanto antes en la regulación de las plataformas digitales de movilidad.”
• “No podemos seguir usando normas del siglo XX para estructurar realidades de mercado del siglo XXI. Necesitamos un marco jurídico novedoso para promover el desarrollo de la economía colaborativa y de la sociedad del conocimiento.”
A partir del boletín de prensa divulgado hoy por la Superintendencia de Transporte, así como de las declaraciones conocidas en varios medios acerca del establecimiento de sanciones administrativas en primera instancia contra distintas aplicaciones digitales de movilidad, el gremio de aplicaciones digitales e innovación, Alianza In, se permite comunicar lo siguiente a la opinión pública, sobre la base de un respeto profundo por la institucionalidad colombiana y las decisiones de sus autoridades:
1- Lamentamos esta nueva decisión administrativa contra las soluciones digitales de movilidad. Éstas generan valores afines a las promesas de valor iniciales de este gobierno: innovación, emprendimiento, atracción de la inversión en tecnología, entre otros. Insistir en los últimos días de este cuatrienio en la persecución de esta
actividad económica manda un mal mensaje a miles de familias que generan sus ingresos usando las aplicaciones, afecta el derecho a elegir de los usuarios y produce inseguridad jurídica para la inversión nacional y extranjera.
2- Este tipo de decisiones vulneran el principio de neutralidad de red, que está consagrado en distintos tratados internacionales y en la Ley 1450 de 2011. Las autoridades del sector transporte, más allá de su especialidad funcional, no están exentas del cumplimiento de estas disposiciones. Es un mal precedente que las autoridades administrativas de un país pretendan ponerle coto a la interacción entre usuarios que, en ejercicio de sus libertades ciudadanas, contratan y/o prestan servicios determinados a través del Internet.
3- El impacto social y económico de las soluciones digitales de movilidad debe ponerse
en el centro de esta discusión:
• Según Fedesarrollo (2021), las plataformas de economía colaborativa generan ingresos para más de 150.000 familias colombianas. De 4.600 colaboradores digitales encuestados en dicho estudio, solamente el 14% de ellos creía que podía acceder a empleo formal y el 44% suponía que estaría
desocupado de no ser por dicha actividad.
• La economía colaborativa es sinónimo de formalización económica e inclusión financiera. Los conductores de las plataformas digitales deben contar con productos financieros a través de los cuales recaudan sus ingresos. Pero además, este sector ya aporta el 0,23% del PIB.
4- Hacemos un llamado respetuoso al nuevo gobierno nacional y al nuevo Congreso de la República, para que avance cuanto antes en la regulación de las plataformas digitales de movilidad. Reglas claras significan garantías fijas para cientos de miles de familias que dependen de esta actividad económica y para quienes invierten y trabajan en estos desarrollos tecnológicos. Existen pocos propósitos de mayor importancia en un contexto económico global como el actual.
No podemos seguir usando normas del siglo XX para estructurar realidades de mercado del siglo XXI. Necesitamos un marco jurídico novedoso para promover el desarrollo de la economía colaborativa y de la sociedad del conocimiento. Desde este gremio, contamos con datos, experiencia e ideas que aportan en este desafío.
Más información:
• Yira Pérez, Directora de Comunicaciones +1 7867599178.
• Álex David Cristancho, asesor de prensa. 320-9676618
